A la fecha el ingreso de personal privado de la libertad en calidad de sindicado de la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana no es permitido al Complejo Carcelario de Cúcuta.
Funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia en cabeza de los líderes sindicales de las agremiaciones SEUP Y ASEINPEC, mantienen la medida de no permitir el ingreso de personal sindicado al establecimiento carcelario de Cúcuta, respaldados en tres sentencias constitucionales que declaran el ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAELS y una tutela que demanda que no se reciban internos por razones de hacinamiento.
La procuraduría como garante media entre los entes territoriales y los lideres sindicales, quienes solicitan que y conforme a lo dispuesto en la ley, los municipios y gobernación fijen en su presupuesto para el año 2018, unos montos que representan los gastos que generan al estado la manutención de alrededor de 1700 privados de la libertad en calidad de sindicados, dineros que serían distribuidos porcentualmente entre beneficios psicosociales, como colchonetas, útiles de aseo, papelería y útiles escolares, tendidos de cama, cobijas y colchonetas, mejoras y mantenimiento de estructuras para ampliar los cupos de habitabilidad, reduciendo el nivel de hacinamiento, además del mejoramiento en las condiciones laborales de los funcionarios que allí laboran entre otras.
En una primera reunión sostenida con las alcaldías el jueves pasado, no se llegó a ningún acuerdo entre otras cosas porque el alcalde de San José de Cúcuta no hizo presencia en dicho acto, los alcaldes presentes argumentaron no contar con presupuesto, al finalizar la jornada se definió que se organizaría un nuevo encuentro donde el representante de la procuraduría se comprometió a buscar la forma de que el alcalde Cúcuta estuviera presente, así como el gobernador, mientras los alcaldes se comprometieron a revisar el tema y llevar la propuesta según la capacidad presupuestal asignada por el gobierno nacional, pidiendo que su participación dependería de la proporción de personas privadas de la libertad que hubieran en este centro carcelario.
Es de tener en cuenta que una persona privada de la libertad le cuesta al estado 16 millones de pesos al año, razón por la cual la suma de 16 mil millones de pesos que estaría debiendo los entes territoriales a la administración de penitenciaria es significativa, como ya se dijo este dinero podría estar siendo orientado a suplir necesidades del personal privado de la libertad, entre otras para humanizar un poco más el tiempo de prisión en el que deben estar estas personas.
El subcomandante de la policía solicito que le recibieran las personas que se encuentran en las estaciones de policía, ante lo que por parte de los líderes sindicales le fue aclarado que, ni siquiera en la cárcel de Cúcuta en este momento hay cupos para recibir a esas personas, que tendrían que ir a dormir en las escaleras o pasillos porque no hay camarotes disponibles, razón por la cual tampoco hay condiciones para recibirlos.
En definitiva se quedó por definir la fecha para un nuevo encuentro donde se espera contar con la presencia del alcalde de Cúcuta, el gobernador de Norte de Santander y las alcaldías locales, donde se pueda definir compromisos serios, políticos y económicos que redunden en el bienestar de la población privada de la libertad y los funcionarios que allí laboran, de tal manera que garantizada la proyección de mejores condiciones de privación de la libertad para la personas judicializadas, se pueda dar apertura a la recepción del personal sindicado en el centro carcelario y solucionar la problematica que se genero en las estaciones de policía.